... con @CORCUERAS
Muy apreciado Mtro. Santiago Corcuera, definitivamente, es difícil no coincidir con su prosa... siempre tan impecable. Sin embargo, apuntaría hacia dos perspectivas para establecer mis desacuerdos. Por una parte, considero que introducir el concepto "burguesía" lleva la discusión a un lugar en donde, me parece, ya no está situado el dilema entre cómo valorar (en el mercado laboral) la mano de obra (especializada o no) con justicia: en el marco de un estado democrático de derecho y conforme a un estándar mínimo en materia de derechos humanos.
Es decir, entre regresividad (DDHH) e identidad de clase (concepto heredado de la crítica económica marxista), me parece: hay un gran trecho lógico, ideológico, teórico y argumentativo. Creo que lo que parece vincular tales categorías, con aparente ligereza, es el hecho cierto de que lo que está sobre la mesa, cuando hablamos de cuánto deben ganar los funcionarios públicos, es la justicia social; dada la obligación constitucional, en materia derechos humanos, que tiene el Estado Mexicano de garantizar una vida igualmente digna a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero, al recurrir al término burguesía, se introduce una valoración, de corte ideológico, que trata de menospreciar la posibilidad de que, tal vez, hacer efectivos los derechos humanos no es sólo una cuestión jurídica, es una materia de política pública... y, como tal, implica medidas extremas de tal envergadura. Por radical que parezca. Creo que no hay ocasión para claudicar en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Por otra parte, intuyo cierta resistencia (si no se tratase de usted, me atrevería a decir... cierto prejuicio) a la posibilidad de que un servidor público viva de forma más modesta y en correspondencia con la realidad que aqueja a la mayoría de la población de nuestro país. Incluidas en esta realidad: las atrocidades... que tú estás tan comprometido en combatir. Y esto no va en correspondencia con un valor ideológico o de clase. Tiene más que ver con convicciones y principios. El reto es asumir la labor de la función pública en consecuencia con los retos que deberíamos estar en condiciones de afrontar: todos por igual y no a costa de desigualdades (equiparables a un crimen de lesa humanidad o que, al menos, han sido caldo de cultivo para que se comentan crímenes de tal naturaleza).
Cuando se trata de países tan lastimados como el nuestro, hay un valor altruista en todo acto del ejercicio público que no podemos soslayar. No podemos conformarnos con modelar un imaginario ideal que no se corresponde con lo que estamos en capacidad de financiar: salarios desmedidos (no a la luz del precio de "equilibrio" de un mercado laboral creado) a la luz de la calidad de vida que el Estado ha sido capaz de garantizar para la mayoría de la ciudadanía.
El mismo carácter altruista que asume todo defensor de derechos humanos. Usted no percibe su ingreso de tales trabajos, para dicho propósito, usted se ocupa de labores en el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué no consideras una injusticia a tus capacidades, sumamente valiosas y especializadas, ni una falta de reconocimiento a tu experiencia de excelencia... ni un agravio a tus derechos laborales... el no recibir la remuneración económica que, sin duda, mereces por tu trabajo en materia de derechos humanos? Un defensor de derechos humanos no pide seguro médico de gastos mayores (privado) antes de aceptar un caso de litigio estratégico. Precisamente, porque conoce la condición y situación de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas (en términos "laborales": sus "empleadores"). Condición y situación de vulnerabilidad en que se encuentra el grueso de nuestra población a causa de la falta de un efectivo (y eficaz) estado de derecho.
Y éste es otro aspecto a considerar: ¿para quién trabajan los funcionarios públicos? ¿quién les paga? ¿de dónde viene el dinero para sus salarios? Trabajan para la Nación... en términos concretos: trabajan para el pueblo... para todos y cada uno de los habitantes de México. Y los recursos del erario público se componen, en gran medida, de los impuestos y de las rentas petroleras (patrimonio común del Estado: al servicio del país y no al servicio de las burocracias ni de los sindicatos). De otro modo, tendríamos que justificar que, cuando se establecen las medidas de reparación económica, el Estado dé pretextos de falta de recursos (mientras sí hay recursos para garantizar un muy alto nivel de vida a los funcionarios públicos) para no pagar en tiempo y forma lo que es debido, lo que es justo. ¿Cómo podríamos fincar obligaciones económicas para con las víctimas, por parte del Estado (y no por parte de particulares)? Si no asumiéramos que tales recursos, de origen, pertenecen a la ciudadanía, a la cual se deben los propósitos del Estado. Corregir una distorsión presupuestal, que atenta contra los derechos humanos de la población, no puede ser entendido como una regresión en materia de derechos laborales.
En este contexto, mi pregunta para ti es: ¿crees que los resultados entregados por el Estado Mexicano, en materia de derechos humanos, se corresponden con los altos ingresos (prestaciones incluidas) que perciben quienes han encabezado tales trabajos? ¿Es ésta la "burguesía" que sufrirá algún efecto regresivo en el ejercicio de sus derechos laborales? Y lo mismo con quienes están a cargo de las políticas públicas en materia de desarrollo social, educación, salud, etcétera.
Porque, entonces, podríamos justificar el papel de las fuerzas armadas como un derecho adquirido en materia de seguridad y monopolio de la fuerza pública, como una élite altamente especializada, que lo son. Y no podríamos cuestionar el fuero del que gozan, cuando pedimos que puedan ser juzgados fuera del ámbito de su jurisdicción. Porque los estaríamos privando de derechos adquiridos; e incurriríamos en una medida regresiva. Por eso ellos apelan a que quedarían "desprotegidos".
O, por ejemplo (y haciendo una reducción al absurdo, lo sé), un torturador altamente especializado, probablemente, también cobra caro sus servicios. ¿Dejarlo sin trabajo (de por vida) sería agredir el reconocimiento de sus capacidades? ¿Atentar contra sus derechos laborales? Perdería "prerrogativas adquiridas".
Lo importante, en la discusión sobre la Ley en cuestión, es si estos salarios se justifican en cuanto al propósito para el cual se contrata a los servidores públicos y si es una condición justa que estén gozando de tales prerrogativas cuando vemos tantos oprobios en nuestra situación de vida como país. Les estamos pagando (y muy bien) para que no resuelvan los problemas que tienen que resolver. Sin importar cuán especializados sean y sin importar cuán protegidos estén en materia de condiciones laborales.
Tal perversión es lo que abre la puerta a la impunidad y a la corrupción. La idea de que el erario público es un barril sin fondo disponible para satisfacer los caprichos de vida de quienes ejercen el poder. Al margen del sentido profundo, altruista y trascendente de la responsabilidad que ha sido depositada en sus manos. Corrupción instaurada como forma de vida, con códigos propios de favores y desfavores para garantizar la prevalencia de pequeños grupos de interés que se esconden tras la etiqueta de "profesionalización" del servicio público. "Mafias" y "tribus", impenetrables, capaces de cometer horrores con tal de conservarse a sí mismas. Sin miramiento alguno hacia aquellas tareas que deberían poder llevar a cabo en beneficio del país. Ésta es una de las razones por las cuales nuestro primero constitucional no ha podido cobrar la vigencia que le corresponde. ¿Estos son los derechos laborales que se están violentando?
En concatenación, sumo una tercera perspectiva argumentativa: los resultados que entregan los altos funcionarios públicos (al margen de su currículum, experiencia y nivel de expertise) parecen no estar en equivalencia con el alto nivel de vida al que acceden cuando son beneficiados por las distorsiones presupuestales que se fueron gestando, a lo largo de los años, para equiparar las remuneraciones de los servidores públicos a los estándares de bienestar marcados por las leyes del mercado (e incluso superarlos). Y aquí mi pregunta es: ¿los derechos laborales corresponden a las exigencias del mercado o corresponden a la garantía de una vida digna? ¿podemos medir en pesos y centavos la dignidad humana? y en tal caso ¿cuál es el precio de la vida?
La jurisprudencia en materia de derechos humanos ha tratado de resolver este dilema, casi irresoluble, apelando al proyecto de vida. Y quizá aquí retomaría tu argumentación, porque confieso que, ya antes de leerte esta mañana, había anticipado la posibilidad de tal efecto regresivo, de la mano del efecto en la contracción del consumo interno y del efecto microeconómico subsecuente (no necesariamente negativos), de tales medidas en ciernes. O si se quiere, hablemos del incremento en el costo de oportunidad de quienes verán mermado su ingreso. De quienes serán afectados en su proyecto de vida, al cual tienen derecho: a la luz de la lógica de su trayectoria académica y profesional. Y doy este giro, con la convicción de que a la mayoría de nosotros le gustaría encontrar una solución para que todos, por igual, podamos percibir el pago que nos corresponde por el trabajo que realizamos. Sin tener que tomar una decisión cuasi "salomónica" entre perjudicar a unos para favorecer a otros o seguir favoreciendo y perjudicando a los mismos.
Porque insisto, este tema no se trata de que la "izquierda" odia a los ricos y los quiere castigar, ni de que los ricos "fifis" disfrutan en perjudicar a los pobres. Ni de que hay "dinosaurios" que persiguen libertades o "comentocracia" escondida en "el clóset de la derecha". Superemos estas paranoias, banalidades y expresiones desatinadas. Como tampoco está en juego el discurso (ya superado por la realidad) de la confrontación entre "burguesías" y "proletariados". Vivimos un tiempo nuevo. Empezamos a trazar un inédito mapa de ruta. De lo que se trata es de que tenemos problemas profundos que atender (300 cadáveres congelados en camiones de carga: por ejemplo) y es momento de cambiar nuestras estrategias. Esto va mucho más allá de arrimar el hombro. Es tiempo de tomar conciencia de que las cosas tienen que cambiar, la barbarie tiene que cesar. Esto es lo que está en juego cuando hablamos de ajustar a una realidad más modesta y humilde los sueldos de los funcionarios públicos.
La pregunta de fondo es ¿porqué no hemos sido capaces de garantizar salarios dignos y derechos laborales, en igualdad de condiciones, para todos los seres humanos? Es un problema que trasciende nuestras fronteras. Vivimos una crisis global en nuestros imaginarios económicos y financieros. Porque cada día, y de manera acelerada, se vuelve más difícil costear el proyecto de vida de todas las personas del mundo (más aún, conforme a los estándares en materia de derechos humanos, incluidos los derechos ambientales y la urgencia de medidas efectivas para la preservación del planeta). Dando por supuestas las diferencias marginales que se constituyen por la individualidad de cada ser humano (y en el contexto de las reglas del mercado, en tanto paradigma todavía vigente...). El problema grave es que tales diferencias, en nuestra realidad actual (nacional e internacional), rebasan, en demasía y con alevosía, cualquier cálculo marginal: se están jugando en el terreno de la vida y la muerte.
En este contexto, estoy convencida de que el objetivo de una acertada nueva Ley de Remuneraciones (...) es un gran paso y un buen punto de partida. Y festejo con lágrimas en los ojos tal logro. Pero coincido contigo, tal propósito debe hacerse con mucho detalle y cuidado: bajo el escrutinio de la mirada de los derechos humanos, sin distinción ideológica alguna y en el contexto de un proyecto integral. Yo no cambiaría la sustancia que ya se ha plasmado, pero sí creo que todavía le falta forma... en aras de su eficacia y efectividad. Mi exhorto (si el poder legislativo lo considera pertinente, prudente y relevante) es que se trabaje más en ella, que se perfeccione y que en este camino... MORENA sume todas las voces que tenga a su alcance. De tal suerte que para fin de año, y antes de que se delibere sobre el presupuesto 2019, ya tengamos un marco legal a la altura de nuestras circunstancias. Lo que sí es un hecho es que los ingresos de los altos funcionarios públicos serán mermados. Porque es justo, correcto y ético. Y estas condiciones son el sustento de todo orden legal.
Y tú... ¿eres altruista?
Feliz domingo...
lleno de mágica justicia de tortuga.
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