Parece existir un dilema no menor entre la forma en que se facilitan las gestiones administrativas para satisfacer las necesidades de gobierno y la forma en que se puede garantizar la legalidad de tales gestiones, para erradicar la corrupción. En qué radica tal dilema...
Por un lado, en el hábito de malas prácticas adquiridas en los amplios márgenes de discrecionalidad en el uso y asignación de recursos públicos. Por otro lado, o a causa de lo mismo, en la desconfianza que priva en las relaciones humanas que tejen el entramado de las administraciones públicas. Por la falta de confianza en las personas, más precisamente, la falta de confianza en la honestidad de los seres humanos. En este sentido, los costos de la mentira, mejor dicho: de prevenir el engaño y la trampa, son altísimos para el erario público.Tal vez más altos que la corrupción en sí misma.
Otra cosa sería, si pudiéramos confiar en la integridad de las personas, en sus capacidades y facultades para tomar decisiones tanto sustantivas, administrativas como de gasto público. Otra cosa sería, si tales personas asumieran con honor las responsabilidades encomendadas. Entonces, la autoridad sería autoridad en sentido estricto.
El problema de todos los esfuerzos para combatir estos márgenes de discrecionalidad es que restan autoridad a los funcionarios públicos en todos sus ámbitos de acción y gestión. Y la falta de autoridad también tiene costos. Encontrar el equilibrio entre ambos propósitos debería de ser el objetivo de todos los esfuerzos en materia de transparencia y regulación de la ejecución del gasto público. Incluidos los contratos de terceros particulares.
No basta el exceso de regulación para evitar la corrupción y la simulación. Así como, no basta confiar en las buenas artes y el oficio de las autoridades para garantizar resultados efectivos de gestión, a la par de rendir cuentas claras. Podemos garantizar los más altos estándares de honestidad sin necesidad de control alguno, así como, podemos garantizar las prácticas más corruptas con el más rígido y duro control anticorrupción. Finalmente, son las personas quienes eligen actuar profesionalmente y con altura de miras, o actuar subrepticiamente y con mediocridad. Y no hay ley, ni castigo, que pueda revertir tales complejidades humanas. Lo cierto es que, mientras más libertad tenga un funcionario público, más capacidades tiene para emplear su buen juicio en beneficio del bien común.
Por mi parte, me inclino por regulaciones flexibles para fomentar la eficacia en la gestión y fortalecer la autoridad, así como, lo suficientemente prácticas para efectivamente contrarrestar cualquier incentivo para la corrupción. De la mano de un trabajo profundo en materia ética, no moral ni legal. Un profundo trabajo en la comprensión humana (y nuestra capacidad de tomar decisiones y actuar) desde la autoreflexión, la responsabilidad y el sentido de comunidad.
Creo que el discurso de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción está muy disminuido frente a la tarea que emprende. Y en la mayoría de los casos, está generando más incentivos para la corrupción que lo contrario. Sin confianza y sin autoridad, y sin confianza en la autoridad, muy poco se podrá alcanzar en este camino. Porque para dejar de reproducir una conducta nociva, lo primero es la toma de conciencia de que tal conducta es mala, y para esto lo primero es comprender porqué es nociva y porqué se volvió normal. Sin juicio moral ni legal de por medio. El castigo, y la persecución, no hace más que reforzar con más ahínco la normalización de las conductas nocivas.
Por otra parte, el empoderamiento de todos los órganos de control con estos fines llevan a una sustitución de competencias en los ámbitos de gestión. Y la gestión sustantiva queda subsumida a los candados de la ejecución presupuestaria, en detrimento de la calidad de los resultados. Las decisiones sustantivas no pueden estar supeditadas a la normativa de control. Debe ser totalmente a la inversa. Lo mismo cuando se trata de las estructuras administrativas. La distancia que existe entre una burocracia y la función pública, es precisamente el orden de prioridades de decisión entre los requerimientos administrativos y los lineamientos sustantivos. El orden sustantivo debe ser el ámbito de decisión por excelencia, no a la inversa. Los marcos legales deben garantizar ambas circunstancias: autoridad en la gestión de recursos y autonomía en la toma de decisiones sustantivas. De otro modo, la ley se convierte en el mayor impedimento para lograr cualquier objetivo trazado. Se privilegia la simulación y la solución efectiva de los problemas se sigue postergando. Sin disminuir un ápice el hábito de la corrupción.
Y tú... ¿crees que un mundo honesto es posible?
Feliz inicio de semana.
Lunes lleno
de magia de tortuga...
Abrazos!!
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